Casos como la cacería en la que participaron el Juez Baltasar Garzón y el ahora Ex Ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo que hizo patente una maniobra de colaboración en la operación de acoso y derribo del principal partido de la oposición, la puesta en libertad de asesinos (como el de la niña Mariluz, antes de cometer tan horrendo crimen) o de los dos narcotraficantes turcos Sahin Eren y Erden Vardar el pasado mes de julio por fallos administrativos, el colapso de tribunales con más de 2.500.000 sentencias pendientes de resolución, el ratio de jueces por habitante en España (un tercio del de países como Alemania), no hacen sino poner de manifiesto la ineficacia, ineficiencia, parcialidad e incapacidad para servir como eje del Estado de Derecho.
Esta situación es responsabilidad directa del poder político, centrado en controlar el judicial y, más concretamente, del Pacto para la reforma de la Justicia firmado en 2001 por PSOE y PP, que ha creado un sistema judicial torpe, lento, arbitrario y dependiente, muy lejos del contrapoder que debe ejercer ante el Poder Ejecutivo.
Los españoles tenemos la constancia, una vez más, de que tenemos un país mal gobernado y que la clase política incumple sistemáticamente su obligación de representante de la voluntad popular, renunciando al servicio a la ciudadanía y convirtiéndose en una élite que opta por los privilegios del poder.